DE LA ESPRIELLA Y EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Los impactos de la llegada de Abelardo de la Espriella (ADLE) a la presidencia no sólo operan en el campo de la seguridad. Alcanzan también la educación, y tendrán particular impacto en la Universidad Nacional de Colombia, que actualmente se encuentra culminando un proceso de transformación institucional histórico: la constituyente universitaria. Pero ¿Qué tiene que ver la victoria de Abelardo de la Espriella con que el Proceso Constituyente Universitario de la Nacional esté en peligro?
La victoria de ADLE implica un cambio inminente de la composición del Consejo Superior Universitario (CSU) debido al peso del gobierno nacional en el control de este organismo. Por tal motivo, el sepultamiento de la constituyente universitaria es una consecuencia probable tras su posesión el 7 de agosto. Por más que lleve 2 años en construcción, al nuevo gobierno aliado a la ultraderecha universitaria ni le importa la participación ni teme usar el poder para vetar el proceso. Solo la movilización continua y la presión constante de la comunidad universitaria logrará salvar la constituyente.
¿En qué se relacionan ADLE y el CSU?
La inminente llegada de ADLE a la presidencia ya ha encendido las alarmas de diversos sectores de los movimientos sociales por los retrocesos en materia de política social que impondrá. El sector educativo es uno de estos. Aparte de tener la potestad de nombrar a la persona encargada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la cual ya ha anunciado que será Vivian Morales, el presidente posee otra potestad de especial incumbencia para la Nacional.
La Ley 30 de 1992 y el Decreto 1210 de 1993 establecen que el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de dirección y gobierno de la Nacional, está integrado no solo por la Ministra o Viceministro de Educación. También está integrado por dos miembros designados por el presidente, uno egresado de la misma Nacional. Es decir, 3 de los 8 integrantes del CSU los asigna el gobierno.
¿Y en qué se relaciona el CSU con el proceso constituyente universitario? Pues que ha sido el mismo CSU quien le ha dado vida jurídica y viabilidad al proceso, y es el mismo CSU el que puede quitársela. En efecto, su reconocimiento en el Plan Global de Desarrollo (PGD) como una política vital para la universidad, su puesta en marcha mediante el Acuerdo 003 de 2025 y la creación de la Mesa Constituyente Universitaria (MECUN) como dinamizadora del proceso, entre otras acciones habilitantes, han sido gracias a su apoyo. La aprobación final del proceso también depende del organismo universitario, y con un CSU que se oponga abiertamente al proceso después de la posesión presidencial de ADLE puede no ser aprobado.
¿Cuál es el procedimiento para aprobar la constituyente?
Al proponer la creación de un nuevo Estatuto General para la Nacional, según la Resolución 335 de 2010 del CSU, que reglamenta el procedimiento y aprobación de normas de carácter estatutario (1), el CSU debe pasar por tres etapas para aprobar cualquier reforma estatutaria:
- Realizar en sesión extraordinaria un primer debate del proyecto.
- Poner en consideración el resultado del primer debate al Consejo Académico y los Comités Nacionales de Representantes Profesorales y Estudiantiles, para que emitan un concepto en un término no superior a dos (2) meses.
- Realizar en sesión extraordinaria un segundo debate del proyecto original y los conceptos emitidos, el cuál solo será aprobado por el voto favorable de la mayoría de sus miembros presentes en la respectiva sesión.
Pese a que ya se ha anunciado la citación al primer debate este viernes 24 de julio, los mismos tiempos para aprobar una reforma estatutaria llevarán a que el nuevo Estatuto General sea debatido en su segundo debate por un CSU totalmente distinto. Mientras en el actual hay una correlación favorable de 5 a 6 personas y 1 en contra (el delegado de ex-rectores), en el nuevo la correlación cambiará a estar 3 a favor y 4 en contra. Esto debido a que el MEN y las delegadas de presidencia estarán del lado de ADLE y de la administración de Ismael Peña.
Un CSU con mayorías en contra del proceso inevitablemente terminaría por no aprobar el nuevo Estatuto General. En efecto, aunque el actual CSU apruebe en primer debate el nuevo Estatuto General sin mayores reparos; por más que el Consejo Académico y los Comités Nacionales de Representantes Profesorales y Estudiantiles emitan conceptos favorables; e incluso si se obtuviesen buenos resultados en los Claustros y Colegiaturas y la Consulta a la comunidad universitaria (Excepciones a la norma para este caso) (2); nada de lo anterior le impide a ese nuevo CSU tumbar todo el proceso.
Además, habría que considerar que las otras dos representaciones a favor del proceso aparte de la estudiantil (la del Académico y la profesoral) están siendo sistemáticamente presionadas por sus estamentos para oponerse a la aprobación de la constituyente. Lo cual, en el peor de los casos, resultaría en una correlación de 1 a 6 en contra de cualquier cambio al Estatuto General.
De vuelta a las calles
Ante el inminente cambio dentro del CSU y el riesgo de que el nuevo Estatuto General no sea aprobado, no bastará con confiar a que alguien diferente a la misma gente posicione el proceso constituyente. Lo cierto es que la comunidad universitaria de la Nacional buscará movilizarse permanentemente de acá en adelante si desea lograr su aprobación.
Para ello, la comunidad universitaria se plantea presionar al Consejo Académico y los Comités Nacionales de Representantes a que emitan conceptos previos a favor del nuevo Estatuto General. Se propone participar de los Claustros y Colegiaturas y la Consulta para expresar su apoyo irrestricto al proceso. Y se prepara para exigir al nuevo CSU tras el 7 de agosto que respete en su totalidad el sentido y el contenido del nuevo Estatuto General como la culminación de un proceso de 2 años que aspira a democratizar la vida y el gobierno universitario.
